La iniciativa fue archivada por el voto favorable de 11 de los 18 miembros de la comisión, dijo a la prensa el presidente de esta unidad parlamentaria, el representante José Edilberto Caicedo.
El legislador explicó que la decisión era una "consecuencia lógica" de la crisis que se desató en las universidades públicas con la presentación del proyecto, que la ministra de Educación, María Fernanda Campo, les entregó el pasado 4 de octubre.
"Vamos a cumplir la palabra", dijo el portavoz de la Organización Colombiana de Estudiantes (OCE), Sergio Fernández, al dar por superada la condición básica de los universitarios para levantar el paro, que era el archivo de la propuesta de enmienda.
Fernández anunció que la llamada Mesa Amplia Nacional Estudiantil (Mane) informará de manera pública en las próximas horas una decisión en torno del paro.
La iniciativa original incluía un apartado que abría las puertas del capital privado en la universidad pública, detonante de la huelga que los universitarios iniciaron el 12 de octubre siguiente.
Además del temor por una supuesta privatización futura de las universidades públicas, las organizaciones estudiantiles consideraron que la propuesta gubernamental ponía en riesgo la autonomía de las instituciones y la calidad de la educación, y no había sido consensuada.
Cerca de 600.000 estudiantes de la mayoría de las 32 universidades públicas del país están desde entonces en cese de actividades, que han mantenido a pesar de insistentes llamamientos del presidente Juan Manuel Santos, quien llegó incluso a ofrecerles la retirada del proyecto y la elaboración de uno conjunto.
La ministra Campo formalizó el pasado viernes la petición a la Cámara de Representantes de que archivara el proyecto.
La Mane, que agrupa a las organizaciones del sector, se reunió de manera extraordinaria el pasado fin de semana en Bogotá para evaluar la nueva postura del Ejecutivo.
En una declaración pública, la Mane condicionó el fin de la huelga a la retirada efectiva del proyecto, condición que se cumplió hoy con la decisión del comité parlamentario.
Los universitarios esperan ahora que se cumplen otras dos condiciones, la primera de las cuales es que Santos se comprometa de manera pública y en conjunto con la comunidad universitaria en la formulación de una metodología para construir una reforma que "responda a las reales exigencias de la nación colombiana".
La otra es la de que Gobierno dé a los estudiantes las garantías políticas y civiles para el derecho a la protesta, la movilización y la organización.
En cuanto a estas dos últimas exigencias, el portavoz de la OCE dijo que la comunidad universitaria observará de cerca el compromiso del Gobierno para "verificar su cumplimiento".
"Ahora viene la batalla más difícil, que es la construcción de una propuesta de educación superior concertada con la comunidad universitaria y que garantice la educación pública gratuita y de altísima calidad para el país", subrayó el portavoz de la OCE.
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